El 10 de abril de 1995, el diario "BALEARES" de Palma de Mallorca me publicaba este articulo sobre los papeles de la "Generalitat de Catalunya" del periodo de la segunda república y de la guerra civil los cuales desde el final de esta última se encontraban depositados en el Archivo Nacional de Salamanca. Decía:
"He de advertiros , queridos lectoEras y lectores, que admiro Castilla.
Admiro su cultura, su idioma , uno de los más extendidos y usados en el mundo
civilizado, juntamente con el inglés y el alemán. Es un hecho inegable que la
lengua de Castilla - llamada incorrectamente español (salvo en Sudamérica)
- es no tan sólo la lengua propia de las
tres cuartas partes de la Península ibérica sino también a exccepción de
Brasil, el idioma oficial de todas las repúblicas de centro y sur de América y
el que utilizan habitualmente las comunidades hispanoamericanas de
Norteamérica.
Ahora bien, cada vez que esta misma y admirable Castilla sale a la
calle en ton y son de conquista imperial
- envuelta en sus periclitados harapos - para identificar a España con ella
mediante la manipulación y la usurpación
de su historia y de su nombre, os confieso
que la pobre y soberbia Castilla cae en el ridiculo más estrepitoso.
Lo del Archivo de Salamanca con relación a los documentos de la Generalitat republicana de Cataluña allí depositados tras su incautación por los vencedores franquistas, es una de las tantas ocasiones en que hace el payaso esta Castilla ayer dominadora, que como diría el poeta Antonio Antonio Machado , desprecia cuanto ignora.
Francamente sacar a la calle diez o quince mil salmantinos para oponerse a la devolución de los documentos como si de este hecho dependiera el que el Archivo Nacional de Salamanca siga existiendo, es una prueba de este ridiculo y de esta ignorancia galopante.
Pues no tiene razón moral e histórica alguna. Los papeles de la "Generalitat de Catalunya" en su época republicana y de la guerra civil española han estado cincuenta y seis años en la rancia e histórica ciudad castellana simplemente por el derecho de cástigo que han ejercido todos los vencedores. Ahora los mismos papeles han de volver a Cataluña, no por un capricho revanchista mal digerido sino porque le pertenecen a su autonomía politica y cultural. No por esta devolución lógica y legitima va a desaparecer Salamanca y menos su archivo.
Me subleva esta Castilla que se cree cabeza, corazón, tronco, manos y piés de España. Que impone que España es solamente ella y que lo situado fuera de ella no existe o debe ser barrido de la faz de la tierra.En una España que por su Constitución de 1978, restablece las libertades democráticas y reconoce la existencia legal de nacionalidades y entes autonómicos propios no son de recibo estos ataques de histeria colectiva contra Cataluña y las circunstancias, de su lengua y de su cultura peculiar de los que hacen gala - para verguenza propia y ajena - algunos políticos de la meseta.
No son de recibo estas pseudodefensas patrioteras de la unidad inquebrantable de España ( cuyo bendito nombre vuelvo a repetir usurpan ellos) y de la lengua castellana sin que a cuento ni peligren lo más minimo su existencia en ningún momento y lugar; como tampoco es admisible la utilización -para tales conciertos muisicales - de solidaridades directas o indirectas de literatos en edad decrépita o de ancianas viudas de histórico como son el prestigioso novelista ( con ascendencia materna mallorquina) Gonzalo Torrente Ballester o la marquesa de Tarradelles.
No lo son para un pueblo como el castellano que en el pasado tuvo amplia visión de universalidad y exportó sangre, idioma y cultura allende los mares y que hoy ofuscado y mal aconsejado - de seguir este sendero equivocado - esta convirtiendo su tierra para todos los celtiberos en lo que actualmente en los Balcanes, es Serbia para los eslavos del Sur."
Gonzalo Torrente Ballester escritor gallego de lengua castellana nacido en 1910 en Serantes- El Ferrol provincia de La Coruña y fallecido el año 1999 en Salamanca. En 1995 con relación a los papeles de la Generalitat de Cataluña que se encontraban en el Archivo salmantino habría dicho que estaban all " por justo derecho de conquista".
Antònia Maciá Gómez ( Barcelona1904-2001) esposa que fue de Josep Tarradellas Joan presidente de la " Generalitat de Catalunya" primero en el exilio 1954-1977 y luego en el preautonómico tras su regreso a Cataluña 1977-1980. En 1985 el Rey Juan Carlos concedió al Señor Tarradellas ( militante histórico de Esquerra Republicana de Catalunya) la merced nobiliaria de "marqués de Tarradellas". En 1995 parece que la Señora Macià habria manifestado alguna opinión un tanto divergente en relación al retorno a Cataluña de los documentos incautados a la Generalitat del periodo republicano por el ejercito de Franco cuando finalizó la guerra. Ahora bien es muy posible que esto no sea cierto
ARCHIVO DE SALAMANCA O GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESÀÑOLA
El Archivo General de la Guerra Civil Española es un archivo situado en la ciudad española de Salamanca. Es de titularidad estatal y, formado en 1999, en la actualidad se encuentra integrado en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Está situado en el edificio que ocupó el Colegio de San Ambrosio, un antiguo hospicio realizado en 1715 por Joaquín de Churriguera.
Se creó a partir de la Sección de la Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, que fue creado durante la guerra por el franquismo para almacenar toda la documentación incautado durante la contienda y que no fue transportado o destruido en la huida al finalizar la guerra.
La documentación que contenía fue utilizada con fines represivos para juzgar a los enemigos del lado republicano. En la actualidad, es una fuente documental de gran valor para los historiadores e incluso ha servido para que los militares republicanos puedan solicitar una pensión de jubilación o una indemnización por el tiempo que permanecieron en prisión. El archivo incluye una zona dedicada a la masonería con el material requisado a las logias españolas
1940: Los documentos expropiados se envían a la Delegación Central de Recuperación de Documentos, en Salamanca. Allí se pretende que formen parte de las fuentes de información del 'Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo'.
- 1979: Se crea, dentro del Archivo Histórico Nacional, en Salamanca, una sección sobre la Guerra Civil, en la que se incluye parte de los fondos incautados por las tropas de Franco en Cataluña.
- 1983: El Ministerio de Cultura y la Generalitat llegan a un acuerdo para microfilmar los documentos, en total 507 legajos, con el fin de que el 'Arxiu Históric Nacional de Catalunya' reciba las copias de todo el material y los originales permanezcan en Salamanca. Los 'papeles de Salamanca' incluyen documentos de los departamentos de Defensa y Justicia de la Generalitat desde 1932 hasta 1939, entre ellos, material relacionado con el Estatuto de Autonomía.
- 1992: La Generalitat denuncia que sólo ha recibido microfilms de la mitad de los legajos.
- 17 de marzo de 1995: El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra Carmen Alborch, acuerda devolver a Cataluña los archivos de la Generalitat confiscados por las tropas franquistas. El PP critica la medida.
- 25 de abril de 1995: El alcalde de Salamanca entrega a la ministra Alborch más de 97.000 firmas contra el traslado de los documentos a Cataluña.
- Noviembre de 1995: El Ministerio de Cultura decide crear la Junta Superior de Archivos para decidir sobre los conflictos surgidos en este sectorEl 15 de septiembre de 2005 el Congreso de los Diputados aprobó la ley para devolver a la Generalidad de Cataluña los documentos aprehendidos durante y tras la Guerra Civil y depositados en el Archivo de Salamanca.[5] Los diputados del Partido Popular votaron en contra y su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, lamentó que «la primera ley cultural que aprueba este Gobierno sea para deshacer un archivo nacional» y que se haya aprobado «por presiones políticas [de ERC e Iniciativa per Catalunya-Verds, sus socios de gobierno en Cataluña] y sin contar con los informes de los técnicos». «Es un atropello», concluyó, aunque acatarían la ley. Sin embargo, la portavoz de la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, aseguró que «si cabe recurso de inconstitucionalidad, lo interpondremos»", mientras que el del Ayuntamiento de Salamanca, también del PP, afirmó que la ley «pone el patrimonio de Castilla y León y de los españoles en manos de quienes se sienten más cercanos a los terroristas de ETA que a los españolesLas autoridades de Salamanca y de Castilla y León recurrieron entonces a la vía judicial para revertir el traslado, pero sin obtener ninguna sentencia favorable. A finales de 2008 la Audiencia Nacional rechazó la petición formulada por el Ayuntamiento de Salamanca para que fuera anulada la orden del Ministerio de Cultura que regulaba la devolución de los documentos a la Generalidad de Cataluña. A principios de 2012 el Tribunal Supremo falló en contra de la pretensión del mismo ayuntamiento de declarar Bien de Interés Cultural el edificio donde está el archivo (el colegio de San Ambrosio), con lo que se quería evitar que salieran más documentos del archivo. Al mismo tiempo la Junta de Castilla y León decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de 2005 que había permitido el traslado de los documentos.
El 31 de enero de 2013 el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Junta de Castilla y León contra la ley que amparó la devolución de los «papeles de Salamanca» a la Generalidad de Cataluña, por lo que allí seguirán. En la sentencia se refuta expresamente la tesis del "expolio" sostenida por las instituciones castellano-leonesas gobernadas por el Partido Popular:[1]
No nos encontramos
ante un supuesto de expoliación y debemos señalar que no le corresponde a este
tribunal decidir acerca de la oportunidad del mantenimiento de los documentos
originales en el archivo frente a la restitución de los fondos documentales
incautados a sus propietarios originales. Tal decisión le corresponde adoptarla
al legislador
Cuando se conoció la sentencia el alcalde de Salamanca Alfonso Fernando Fernández Mañueco dijo que acataba la sentencia aunque añadió que los documentos trasladados a Cataluña «no cumplen los requisitos establecidos en la propia ley para su devolución».[1] Por su parte el conseller de Cultura de la Generalidad de Cataluña, Ferran Mascarell afirmó:[3]
Es una noticia
necesariamente esperada que, por fin ha hecho justicia. [...] La razón se ha
acabado imponiendo a una de las grandes perversidades del franquismo, la de
querer borrar la memoria de los catalanes. [...] Ya no hay argumentos para
seguir con la actitud dilatoria. [...] El cierre de este conflicto ha de
contribuir a que las diferencias sobre lo que puede suceder en el futuro entre
Cataluña y España esté en el terreno de la voluntad positiva y no fundamentado
en debates históricos que no acaban de resolverse nunca
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